El
hecho político de las últimas semanas en Colombia fue, sin duda, la captura y
retención por las FARC, del General Rubén Darío Alzate, del Ejército Nacional,
y su consecuencia inmediata: la suspensión, por parte del Gobierno Santos, de
las conversaciones de paz en La Habana. Los hechos, tal como los relataron los
medios de comunicación, fueron los siguientes:
Vestido
de civil, sin armas, y acompañado de un cabo igualmente inerme y sin uniforme y
de la doctora Gloria Urrego, Gerente de un proyecto de desarrollo comunitario
en el caserío de Las Mercedes, Departamento del Chocó, el General Alzate fue
interceptado por un grupo de guerrilleros de las FARC, y retenido con sus
acompañantes.
Esos son,
escuetos y verificables, los hechos. Otra cosa son sus interpretaciones por
parte del Secretariado de las FARC, del Gobierno colombiano, de observadores y
políticos cercanos al gobierno, de opositores, o de personas más o menos
independientes, porque en medio del conflicto colombiano y del Proceso de Paz
que se adelanta, no hay voces indiferentes y mucho menos imparciales. De esas
interpretaciones también se han hecho cargo los medios nacionales e
internacionales, cada uno desde la perspectiva de su ideología o de sus
intereses políticos y económicos.
Intentaré,
también, mi propia interpretación, atendiendo a las circunstancias, que se
prestan para inquietudes e interrogantes.
En primer
lugar, ¿qué hacía, vestido de civil, sin armas, sin la escolta obligada por su
rango y sin autorización de sus superiores jerárquicos y, lo que es peor porque
se presta a suspicacias, sin conocimiento del Jefe Supremo de las FFAA, el
Presidente de Colombia, un General de la República, en zona caliente del
conflicto y con presencia permanente de las FARC?
Lo
primero que sugiere la carrera militar del General Alzate: especialista en
contrainsurgencia, con estudios militares en los EEUU, comandante del GAULA y
de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, encargada de las operaciones
antiguerrilleras en el Chocó en acuerdo con las Fuerzas Aéreas y Navales de
Colombia, es que no se trata de un militar improvisado e ignorante de los
riesgos que corría en cualquier desplazamiento suyo por la zona de conflicto.
Internarse por el río Atrato en las condiciones de indefensión en las que fue
capturado por las FARC, implica una de dos cosas: un alto grado de
irresponsabilidad de su parte, unida a la falta disciplinaria de hacerlo en
secreto, o quizás con autorización no oficial y por lo tanto secreta, o la
ejecución de un proyecto bien estudiado de provocación destinado a ocasionar un
incidente que diera al traste con las conversaciones de paz en caso de un
desenlace trágico, o al menos la suspensión del proceso de Paz. Que fue lo que
ocurrió. La segunda alternativa sugiere, sin muchas dudas, la mano oscura y
conspiradora del ex Presidente Uribe, acérrimo enemigo de la paz en Colombia
como se conoce de sobra.
La
consecuencia inmediata, en lo que se refiere al militar en cuestión, fue su
pedido de baja de la institución, no tan voluntaria como lo dijo ni tan
“honrosa” como pretende. Enterado el Presidente Santos, lo primero que hizo fue
pedir explicaciones al Alto Mando militar, de lo cual se deduce que ignoraba el
hecho, falta grave de indisciplina. Los argumentos del General Alzate al
momento de pedir la baja, no sólo son ridículos –no vale la pena repetirlos–
sino absurdos. Una misión de desarrollo en una comunidad civil no ocasiona
rechazo sino, al contrario, agradecimiento. A no ser que la comunidad haya sido
víctima de violaciones a sus derechos humanos por parte del Ejército, como se
sabe por versiones no “oficiales” sino de habitantes de la zona, y por
denuncias de abusos ante las autoridades judiciales. Para obviar o hacer
olvidar tales abusos, no basta con quitarse los galones y llegar en bermudas.
Por
otra parte, las declaraciones, en el lenguaje uribista que utiliza siempre el
Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, de que: "Esto es un secuestro, y las cosas hay que
llamarlas por su nombre, presumiblemente realizado por terroristas de las Farc,
que en este momento son responsables de la vida y la seguridad de las personas
que se han llevado", evidencian que un importante sector de las FFAA de
Colombia aún acata las decisiones o sugerencias del ex Presidente Uribe, y
mantiene un lenguaje provocador y desconocedor de una realidad que poco a poco
tiene que asumir la sociedad colombiana. El Presidente Santos hace rato no
utiliza ese lenguaje, porque reconoce y acepta una realidad política que se desprende
de las conversaciones de paz. Y no de las últimas sino desde las del Presidente
Betancourt, e incluso desde la época de Guillermo León Valencia, primer
mandatario en aceptarlas aunque no se hayan realizado.
Y esa realidad, que
Uribe y su cauda quieren desconocer, es que las Guerrillas, desde el momento en
que son aceptadas como interlocutores válidos en conversaciones de Paz, tienen
el estatus de adversario legítimo del otro bando en conflicto: El Estado y su
gobierno, cualquiera que sea. Porque la realidad política y militar del país no
cambia con motivo de unas elecciones presidenciales ni con el cambio en el
nombre del ciudadano que ocupa la Primera Magistratura. Al desconocer esa
legitimidad, el Ex Presidente Uribe no sólo mantuvo una guerra fratricida
sangrienta sino que se puso por encima de la Ley y de la Constitución. Y eso es
Traición a la Patria o, por al menos, motivo de Juicio Político en el Congreso.
Que no se haya sugerido el tema se debe al poder político de Uribe y a su
influencia en la sociedad colombiana, cansada de la guerra tanto como de
guerrillas y paramilitares, e influenciada por una prensa que respalda sin
beneficio de inventario la guerrerista política del ex Presidente.
Un militar de alta
graduación es Objetivo Militar para las FARC o para el ELN, tal como son
Objetivos Militares los mandos guerrilleros, algo que el Ejercito Nacional ha
entendido, obrando en consecuencia: persiguiéndolos, apresándolos o matándolos,
ya en combate abierto, en emboscadas dentro del territorio nacional, o en
operativos militares fuera de las fronteras, con premeditación y alevosía
irrespetuosa, como ocurrió con el bombardeo en territorio ecuatoriano del
máximo jefe de las FARC, Raúl Reyes.
De modo que alguien,
el Presidente de la República, por ejemplo, debería explicarle al Ministro de
Defensa que lo del General Alzate no fue Secuestro por parte de Terroristas,
sino captura de un objetivo militar por el adversario legítimo, y conminarlo a que
se abstenga del lenguaje guerrerista que le ordena utilizar el ex Presidente
Uribe. O que le presente la renuncia, que sería lo mejor para “desescalar” el
lenguaje del conflicto, tanto como se ha ofrecido “desescalar” las operaciones
militares de ambos bandos.
En buena hora, la
irresponsable indisciplina del General Alzate, que le ocasionó una baja a todas
luces deshonrosa, o el acto conspirativo al cual accedió, sugerido, incitado y
manejado a distancia y mediante operaciones de inteligencia militar que le son
obedientes, por el Ex Presidente Uribe, no tuvo consecuencias trágicas, y fue superado
por la buena voluntad y la sagacidad política de las FARC, más el ánimo
conciliador del Presidente Santos, que vieron clara la componenda destinada a
boicotear el Proceso de Paz y no incurrieron en excesos que hubieran dado al
traste con las Conversaciones de Paz.
Si ello no se
percibe como verdadera y sincera voluntad de Paz por parte de las FARC, es
porque el ánimo guerrerista del Ex Presidente Uribe ha inficionado en exceso la
mentalidad del colombiano medio. Ya es tiempo de que la nefasta influencia de
ese personaje, cese para bien de Colombia y del futuro de América Latina.
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